Carlos Peña
Domingo 06 de Abril de 2008, Reportaje El Mercurio
Domingo 06 de Abril de 2008, Reportaje El Mercurio
"Dejemos el punto para la labor de los intérpretes", se escuchó decir a Jaime Guzmán el 9 de agosto de 1978.
Así terminó la disputa que él mantuvo con la mayoría de quienes redactaron la Constitución de 1980.
Jaime Guzmán había sostenido que el nasciturus (el que está por nacer) era titular del derecho a la vida. La tesis fue rechazada. Uno de los integrantes de esa Comisión -Enrique Evans, que había sido profesor de Guzmán- le dijo que esa propuesta se basaba en consideraciones religiosas que no era razonable imponer en una sociedad pluralista.
Entonces se redactó la regla actual: "La ley protege la vida del que está por nacer". La Comisión entendió que esa norma no significaba prohibir, en términos absolutos, la interrupción del embarazo. Enrique Ortúzar -a quien nadie pudo llamar progresista o incrédulo- subrayó que en opinión de la mayoría "no podían imponerse creencias religiosas propias en una materia tan delicada".
Fue allí cuando Guzmán, derrotado y para evitar lo peor, sugirió dejar el punto a los intérpretes.
Esos intérpretes -el Tribunal Constitucional- decidieron ahora que la píldora del día después es inconstitucional y no puede ser distribuida por organismos públicos. Se trata de una decisión que -a la luz de esa historia- es muy difícil de justificar desde el punto de vista técnico.
La controversia -al contrario de lo que se cree- no es científica, sino normativa. En rigor, no se trata de decidir cuándo comienza la vida, sino desde cuándo se es titular de un derecho constitucional. Se trata de un asunto jurídico, no de una cuestión biológica. La biología enseña que hay embrión antes de la implantación en el útero; que también existe embrión luego de esa implantación; y que luego hay un ser humano completo. Lo que la biología no dice es desde cuándo hay un titular de un derecho constitucional.
Ésa es una cuestión que deciden las normas. O, como profetizó Jaime Guzmán, los intérpretes.
¿Qué dicen las normas? Ordenan al legislador proteger la vida del que está por nacer. De una regla semejante no se sigue -como al parecer lo sostiene la mayoría- que el que está por nacer tenga derecho a la vida en un sentido técnico. Una cosa es ser objeto de protección por el legislador o poseer relevancia moral; otra cosa es ser titular de un derecho constitucional. Y si el tribunal sostiene esto último -que el embrión preimplantacional es titular de un derecho constitucional-, entonces deberá explicar por qué otras técnicas de control que impiden la implantación no fueron, sin embargo, prohibidas.
Pero lo anterior -que es difícil- no es lo único que deberá fundamentar el tribunal. Todavía tendrá que explicar por qué si la píldora del día después viola el derecho a la vida, sólo es ilícita su distribución pública. Que la distribución privada sea inocua y la pública dañina es un círculo difícil de cuadrar. ¿Por qué un mismo fármaco va a ser más o menos lesivo de la vida humana según el lugar de su distribución? ¿Por qué la píldora, en opinión del tribunal, atenta contra la vida si la distribuye el Estado, y no, en cambio, si la adquiero en la esquina?
Pero sobre todo deberemos explicarnos qué pudo pasar entre los años de la dictadura y los de la democracia para que hoy día nuestros constitucionalistas tengan menos disposición al pluralismo que antes. ¡Y estén dispuestos a restringir la autonomía de las mujeres sobre bases tan débiles y en medio de tales inconsistencias!
En 1978, Enrique Ortúzar y otros redactores -todos nombrados por Pinochet- sabían que la relación entre un embrión preimplantacional y un ser humano adulto era un asunto que la religión podía saldar sin problemas, pero no una regla constitucional. Y se abrían entonces a la posibilidad de que el discernimiento moral de cada uno o la deliberación democrática resolviera el punto.
Pero ahora, en el año 2008, un puñado de jueces no cree lo mismo, y piensa que en una sociedad aún más diversa es posible salvar un punto como ése. Y hacen el esfuerzo -ya veremos con qué filigranas- de derivar de una regla de protección la titularidad de un derecho. Y de pasada incurren en un conjunto de inconsistencias que será muy difícil de justificar.
No hay caso: a la hora de las cuentas, el único que se salva de todo esto -y prueba por enésima vez no su razón, pero sí su sagacidad- es Jaime Guzmán.
Así terminó la disputa que él mantuvo con la mayoría de quienes redactaron la Constitución de 1980.
Jaime Guzmán había sostenido que el nasciturus (el que está por nacer) era titular del derecho a la vida. La tesis fue rechazada. Uno de los integrantes de esa Comisión -Enrique Evans, que había sido profesor de Guzmán- le dijo que esa propuesta se basaba en consideraciones religiosas que no era razonable imponer en una sociedad pluralista.
Entonces se redactó la regla actual: "La ley protege la vida del que está por nacer". La Comisión entendió que esa norma no significaba prohibir, en términos absolutos, la interrupción del embarazo. Enrique Ortúzar -a quien nadie pudo llamar progresista o incrédulo- subrayó que en opinión de la mayoría "no podían imponerse creencias religiosas propias en una materia tan delicada".
Fue allí cuando Guzmán, derrotado y para evitar lo peor, sugirió dejar el punto a los intérpretes.
Esos intérpretes -el Tribunal Constitucional- decidieron ahora que la píldora del día después es inconstitucional y no puede ser distribuida por organismos públicos. Se trata de una decisión que -a la luz de esa historia- es muy difícil de justificar desde el punto de vista técnico.
La controversia -al contrario de lo que se cree- no es científica, sino normativa. En rigor, no se trata de decidir cuándo comienza la vida, sino desde cuándo se es titular de un derecho constitucional. Se trata de un asunto jurídico, no de una cuestión biológica. La biología enseña que hay embrión antes de la implantación en el útero; que también existe embrión luego de esa implantación; y que luego hay un ser humano completo. Lo que la biología no dice es desde cuándo hay un titular de un derecho constitucional.
Ésa es una cuestión que deciden las normas. O, como profetizó Jaime Guzmán, los intérpretes.
¿Qué dicen las normas? Ordenan al legislador proteger la vida del que está por nacer. De una regla semejante no se sigue -como al parecer lo sostiene la mayoría- que el que está por nacer tenga derecho a la vida en un sentido técnico. Una cosa es ser objeto de protección por el legislador o poseer relevancia moral; otra cosa es ser titular de un derecho constitucional. Y si el tribunal sostiene esto último -que el embrión preimplantacional es titular de un derecho constitucional-, entonces deberá explicar por qué otras técnicas de control que impiden la implantación no fueron, sin embargo, prohibidas.
Pero lo anterior -que es difícil- no es lo único que deberá fundamentar el tribunal. Todavía tendrá que explicar por qué si la píldora del día después viola el derecho a la vida, sólo es ilícita su distribución pública. Que la distribución privada sea inocua y la pública dañina es un círculo difícil de cuadrar. ¿Por qué un mismo fármaco va a ser más o menos lesivo de la vida humana según el lugar de su distribución? ¿Por qué la píldora, en opinión del tribunal, atenta contra la vida si la distribuye el Estado, y no, en cambio, si la adquiero en la esquina?
Pero sobre todo deberemos explicarnos qué pudo pasar entre los años de la dictadura y los de la democracia para que hoy día nuestros constitucionalistas tengan menos disposición al pluralismo que antes. ¡Y estén dispuestos a restringir la autonomía de las mujeres sobre bases tan débiles y en medio de tales inconsistencias!
En 1978, Enrique Ortúzar y otros redactores -todos nombrados por Pinochet- sabían que la relación entre un embrión preimplantacional y un ser humano adulto era un asunto que la religión podía saldar sin problemas, pero no una regla constitucional. Y se abrían entonces a la posibilidad de que el discernimiento moral de cada uno o la deliberación democrática resolviera el punto.
Pero ahora, en el año 2008, un puñado de jueces no cree lo mismo, y piensa que en una sociedad aún más diversa es posible salvar un punto como ése. Y hacen el esfuerzo -ya veremos con qué filigranas- de derivar de una regla de protección la titularidad de un derecho. Y de pasada incurren en un conjunto de inconsistencias que será muy difícil de justificar.
No hay caso: a la hora de las cuentas, el único que se salva de todo esto -y prueba por enésima vez no su razón, pero sí su sagacidad- es Jaime Guzmán.
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2 comentarios:
Normalmente leo las columnas de opinión, pero no más allá de compartirla con quienes están a mi lado en la oficina o en mi casa... jamás esto de participar en foros. Sin embargo, creo que este tema amerita que se arme una verdadera polémica, por eso insto a todo el que tenga opinión a que la deje aquí. Sobre todo porque somos una institución que se caracteriza por estar a la vanguardia de los temas contingentes, de los temas que preocupan a la verdadera población chilena en los campamentos.
La famosa píldora del día después ha generado más de un problema en Chile. Es relamente increíble todo el revuelo que puede causar. En la mayoría de los países desarrollados la píldora se vende sin ningún problema hace años. Y nadie se queja. La usa el que la necesite y listo. Pero en Chile, un país que dice haberse separado de la Iglesia Católica en 1925, que se declara laico y que encima pretende tener un gobierno socialista, es verdaderamente vergonzoso que no se entregue la píldora. En esto, el Tribunal Constitucional está claramente apoyando una postura moral católica más que apremiando por una cuestión ética de "cuando comienza la vida". Si se revisa la lista de Ministros Integrantes, todos tienen apellidos rimbombantes de la aristocracia ciolla... de lo que se puede subentender su postura religiosa. Yo, que soy judío, puedo decir fehacientemente que la píldora no es abortiva para mi religión (el nascitrus se considera parte de la madre, sólo coge vida propia y alma propia al salir del vientre materno), lo que también se aplica para otras culturas como la musulmana, budista, anglicanos, protestantes y cristianos ortodoxos. Sin embargo, no se legisla aparte para nosotros y tenemos que correr la misma suerte que el resto de la población.
Creo que el famoso tribunal vela por sus propios intereses, me avergüenza pensar que sean sólo un selecto grupo de hombres (el TC está compuesto por 13 hombres y apenas 1 mujer!) quienes decidan el futuro de cientos de chilenas. Seguramente esos miembros jamás han pisado un campamento. Tal vez ni siquiera han ido a la periferia de la ciudad. No se han encontrado cara a cara con la realidad de miles de mujeres pobres, que se esfuerzan día a día para ser algo en esta sociedad. Jamás les ha tocado de cerca vivir una situación de violación, menos de un embarazo adolescente por descuido o desinformación. Menos les ha tocado ir con vergüenza a pedir un condón o una píldora anticonceptiva a un consultorio público.
Si tan sólo por una vez los gobernantes se puserian en los zapatos del verdadero pueblo. De ese que vive de Plaza Italia para abajo. Si por sólo una vez creyeran que Chile es más que Santiago, y que es mucho más que catolicismo y moral cristiana, creo que el país comenzaría a surgir un poquito más rápido. Porque para aceptar marcas extranjeras, darle facildades a cuanto capital foráneo exista y para "soñar con Nueva York o con Europa" los chilenos somos mandados a hacer, pero cuando nos toca ver la realidad lo que más nos acomoda es cerrar los ojos y hacerse los sordos. Como si nada hubiera pasado.
Mi opinón, impopular en un país que reclama por sus derechos y se olvida de sus deberes, va encontra de la distrubución de la píldora. Mientras no existe certeza absoluta sobre su efecto abortivo, mejor no consumirla.
Se dice que con esta medida dictada por el tribunal constitucional, aumentarán los abortos, como si para ir a un consultorio a solicitar la pídora haya que tener las mismas agallas como para ir a una clínica ilegal a practicarse un aborto.
Respetemos los derechos de las mujeres, también el de los hombres, pero por sobre todo, los derechos de los más indefensos.
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