martes, 9 de octubre de 2007

¿Por qué la autoconstrucción?

A través del Espacio de Debate se busca fomentar la reflexión al interior del equipo de Un Techo para Chile. Cada semana hay un encargado de escribir acerca de un tema de interés nacional y que se relacione con nuestras inquietudes.
Éste no necesariamente representa la opinión de todos los que aquí trabajamos.
Un Techo para Chile es una organización que trabaja con las comunidades bajo el concepto de Habilitación Social, entregando herramientas a las familias y comunidades de campamentos y barrios para que puedan superar su situación de vulnerabilidad aprovechando la estructura de oportunidades que existe actualmente en Chile. También somos una organización socio-política, pues tenemos la responsabilidad y capacidad de influir en las políticas públicas para que esa estructura de oportunidades sea más adecuada a las necesidades y potencialidades de desarrollo que existen en las comunidades con las que trabajamos.
En esto último estamos embarcados ahora con el tema de la autoconstrucción. Ya firmado el ‘Compromiso de Las Cruces’, tenemos la obligación de trabajar en conjunto con los dirigentes de los barrios una propuesta para modificar la actual normativa que rige el subsidio de ampliaciones.
¿Por qué queremos hacer esta modificación? Consideramos que la actual normativa tiene errores de diseño que hacen más engorrosa y difícil la posibilidad de ampliar las viviendas sociales. Actualmente un comité de adelanto debe contactar una Asistencia Técnica para diseñar en conjunto la ampliación, de modo tal que una constructora se comprometa con la ejecución del proyecto de construcción.
El éxito entonces de este programa depende del interés de un privado –una constructora- por asumir el riesgo financiero de los proyectos, a cambio de las utilidades que pueda percibir al hacerlo. Esto ya plantea un cuestionamiento ético, en tanto los fondos públicos que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las familias chilenas sólo serán utilizados si se sostienen en utilidades para un privado. Obviamente no estamos en contra de la participación del sector privado en la ejecución de políticas como ésta, pero sí cuando esta participación se transforma en requisito para el éxito del programa, y no sólo para agregarle valor al producto.
Un segundo problema lo inferimos de la tan popular ‘Ley de economías de escala’: Mientras más pequeño sea el grupo de postulantes a la ampliación, menos atractivo será para las constructoras. De igual modo, cuanto más grande sea el grupo de postulantes, más estandarizadas serán las soluciones y, por lo tanto, más alejadas de las necesidades particulares de las familias será la ampliación.
En los barrios en los que estamos trabajando viven muchos trabajadores de la construcción, verdaderos expertos a los que la actual política no reconoce como sujetos protagónicos en la gestión de la construcción y solución de los problemas que los afectan. Sabemos que el nivel más profundo de participación es el de cogestión, pero que para llegar a éste es necesario que exista cierto nivel técnico para la ejecución de programas. Pues bien, en este caso existe el conocimiento, el que incluso puede estar asistido por profesionales miembros de una organización como la nuestra, pero falta la posibilidad legal para que los propios beneficiarios sean también los ejecutores.
El Programa de Protección al Patrimonio Familiar tiene una enorme posibilidad de generar participación y ciudadanía, de recomponer el tejido social para mejorar los barrios, de proporcionar soluciones ajustadas a las necesidades de los beneficiarios y de solucionar el problema de habitabilidad y hacinamiento de acuerdo a las normativas que ordenan la construcción de la ciudad. Sólo basta que este programa tenga más confianza en la ciudadanía y que el Estado asuma más riesgos.
Por Manuel Arís
Martes 9 de octubre de 2007

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