miércoles, 12 de diciembre de 2007

El terremoto de Tocopilla

A través del Espacio de Debate se busca fomentar la reflexión al interior del equipo de Un Techo para Chile. Cada semana hay un encargado de escribir acerca de un tema de interés nacional y que se relacione con nuestras inquietudes.
Éste no necesariamente representa la opinión de todos los que aquí trabajamos.
Estimada Michelle:
Al día siguiente del terremoto usted llegó a Tocopilla. Recorrió el lugar mientras la tierra seguía zangoloteando, y pudo constatar personalmente la magnitud de la catástrofe. Su presencia abrió una luz de esperanza para los damnificados, muchos de los cuales quedaron literalmente en la calle, y les aseguró que el gobierno no los dejaría abandonados.
Por televisión la escuché ofrecer subsidios habitacionales a cada una de las familias afectadas, fórmula de dudosa eficacia dado los magros resultados de situaciones anteriores desalentadoras. Ratifiqué ese juicio poco después, al oír la opinión breve y precisa de Luis Moyano, alcalde de Tocopilla: “no quiero un segundo Huara” .
Efectivamente, han pasado más de dos años desde el terremoto que asoló Huara y otras aldeas del interior en junio de 2005, y la mayoría de las familias damnificadas continúan alojadas en mediaguas, o en precarios reparos junto a los restos de sus viviendas.
Semejante cuadro afecta a los damnificados de la tragedia en calle Serrano, de Valparaíso ocurrida en marzo de este año, que deambulan con los cartones otorgándoles un subsidio entre 320 y 370 UF, sin que encuentren en el mercado una alternativa satisfactoria.
Tocopilla es una localidad de 24 mil habitantes, y los daños del terremoto son cuantiosos. Unas 2.500 viviendas están por el suelo, y otras 4 mil presentan daños severos. Algunos servicios como el hospital, la comisaría y el cuerpo de bomberos están irrecuperables, así como gran parte del comercio. Muchos establecimientos educacionales quedaron al borde del colapso, por lo cual fue necesario ordenar el fin del año escolar, y las carreteras de acceso a la ciudad están cortadas como consecuencia de los derrumbes.
El gobierno parece haber asumido satisfactoriamente la emergencia. Se movilizó oportunamente para cubrir las necesidades básicas de la población, en especial la reposición de los servicios de luz y agua. Se planificó la distribución de canastas alimenticias en conjunto con la organización vecinal; se avanza en la recolección de los escombros; se instaló un hospital de campaña, se ha vacunado masivamente a la población, y se acelera la construcción de cuatro campamentos con mediaguas, mediante la ayuda del ejército, los voluntarios de Un Techo para Chile y otras organizaciones sociales.
La designación de una ministra en campaña, es otra acción de indudable apoyo a la coordinación de las tareas más urgentes.
Todo esto indica que la emergencia ha sido eficiente y oportuna. Ahora comienza la etapa más difícil: la reconstrucción.
Históricamente, el país aprovechó las catástrofes para lograr un auténtico mejoramiento de las zonas afectadas. El terremoto del 39 dio vida a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, organismo dependiente de la CORFO, que le cambió la cara a ciudades como Concepción y Chillán.
Valdivia debe agradecerle al cataclismo del 60 que haya recuperado la accesibilidad al río, y remozando su desarrollo urbano hasta adquirir el encanto que hoy exhibe.
Esto fue posible ayer, en virtud del activo rol jugado por el sector público, que permitió planificar y coordinar la reconstrucción, tanto del parque habitacional afectado, como también de las obras de infraestructura y de equipamiento urbano. Catástrofes como un terremoto, facilitan la ejecución de muchas obras postergadas por falta de recursos, por disposiciones burocráticas, o por simple desidia. El terremoto despeja los obstáculos que impiden cumplir con múltiples demandas. Es una oportunidad excepcional, que permite convertir la tragedia en un beneficio colectivo.
A raíz del desmantelamiento del aparato estatal efectuado por la dictadura, situación que aún subsiste, el sector público carece de una institucionalidad capaz de asumir una auténtica reconstrucción. Tampoco los municipios cuentan con departamentos aptos para encarar semejante desafío. Los últimos cataclismos han puesto al descubierto este vacío. Se cubre satisfactoriamente la emergencia, pero no la reconstrucción.
Como no hay una cabeza coordinadora de la reconstrucción, cada Ministerio o repartición obra por su cuenta, al margen de un plan coordinado, y se reponen en el mismo sitio las obras siniestradas, cuando podría ocurrir -por ejemplo-que su ubicación sea inadecuada. En materia de vivienda, la acción se reduce a la fórmula ya conocida de otorgar un subsidio a cada familia damnificada, las cuales inician entonces, el calvario de buscar en el mercado algún sustituto al bien raíz perdido, y si encuentran algo, estará alejado de sus localizaciones primitivas, o será de un precario nivel de calidad.
Esta política del subsidio fomenta el individualismo, desaprovechando el potencial que representa la acción colectiva de la comunidad. En una localidad como Tocopilla o María Elena, con escasa existencia profesional calificada, los pobladores quedan expuestos a ser engañados por cualquier maestro inescrupuloso o incompetente.
La aspiración abrumadoramente mayoritaria de los afectados es reconstruir las viviendas en su propio sitio, anhelo legítimo, ya que se trata del lugar donde provienen sus raíces, y donde tejieron las redes de amistad, de trabajo, de educación o de abastecimiento a lo largo de los años. Por otra parte, al construir en su propio sitio, facilita el aprovechamiento de los elementos salvados de la catástrofe: algún tabique intacto, diversas piezas de madera, puertas y ventanas, revestimientos o planchas de techumbre, que se integran a un nuevo proyecto, con evidente disminución de los costos.
Esto es especialmente importante en las zonas históricas, las de mayor valor patrimonial, que son las más afectadas justamente por su antigüedad. Pero las políticas actuales no incentivan la reconstrucción en el mismo sitio. De hecho la hacen imposible, ya que el monto del subsidio resulta normalmente exiguo para la realización de proyectos no estandarizados.
Finalmente, si algún contratista importante opta por instalarse en la zona, su oferta será localizada en áreas nuevas, donde pueda aplicar economía de escala, proponiendo una solución habitacional tipo, mínima, que calce con los montos del subsidio otorgado.
En resumen, se abandonan los núcleos históricos patrimoniales que quedan degradados, semi en ruinas, y se levanta en las afueras una nueva ciudad, anónima, repetitiva, desprovista de los equipamientos básicos. Concientemente, damos vida a un gheto, mientras tugurizamos la ciudad patrimonial, aquella cuyas calles y muros tienen el encanto insustituible que solo otorga el pasado.

Las sociedades mixtas del Serviu con los municipios

Para abordar una reconstrucción que haga posible el mejoramiento y no el deterioro de las zonas afectadas, se necesita una agencia ejecutiva encargada de planificar el desarrollo urbano, proponiendo los planos seccionales necesarios, con la más amplia participación de la comunidad y de las autoridades locales.
Esta agencia debe contar con atribuciones para coordinar los proyectos del conjunto de los servicios públicos involucrados, y de visar las inversiones privadas respectivas. Finalmente, debe tener la capacidad de fiscalizar rigurosamente la correcta ejecución de los proyectos.
Organismos de este tipo funcionaron exitosamente en la institucionalidad anterior a la dictadura. Me refiero a las sociedades mixtas establecidas entre la Cormu (Corporación de Mejoramiento Urbano), y algunos municipios.
Durante la administración del presidente Frei Montalva, se creó la Vicormu, sociedad mixta formada por Cormu y la Municipalidad de Viña del Mar. En Valparaíso nació otra similar con el nombre de Cormuval.
En el gobierno de Allende las sociedades mixtas de Cormu con otros municipios se extendieron a lo largo de muchas localidades, todas ellas con resultados bastante exitosos en materias del desarrollo urbano, como se detalla en el Anexo a esta carta.
Cuando se creó la Cormu en 1965, su Ley Orgánica la facultó para “colaborar y asociarse con las municipalidades y con las empresas privadas en la realización de proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano; otorgar créditos para este fin, supervigilar y fiscalizar su realización y fijar, dentro de las áreas urbanas, los límites de las zonas de mejoramiento urbano y procurar su ordenamiento y desarrollo. ([1])
Al crearse los Serviu, éstos asumieron las responsabilidades que descansaban anteriormente en la Corvi, Cou, Corhabit y Cormu, es decir, las cuatro corporaciones integrantes del MINVU. Pero también los Serviu heredaron todas las atribuciones de dichas Corporaciones. En consecuencia, está vigente la facultad legal que los faculta para constituir sociedades mixtas ([2]) con los municipios, para poder cumplir con los objetivos señalados más arriba.

Estimada Michelle, propongo la creación de una sociedad mixta formada por el Serviu de la Región de Antofagasta y la Municipalidad de Tocopilla, -llamémosla Serviutoc,- a fin de que asuma a la brevedad, la tarea de reconstruir la ciudad. Otra sociedad análoga debiera crearse con la Municipalidad de María Elena.
Todo el dinero previsto por el MINVU para el otorgamiento de los subsidios familiares a las familias damnificadas por el presente sismo, debiera ser administrado por las sociedades mixtas propuestas para Tocopilla y María Elena, que deberán establecer sus oficinas en el terreno, comenzando con un cuerpo administrativo relativamente pequeño, encabezado por un Gerente Ejecutivo, y por un equipo de profesionales -también instalados en la zona- proveniente de los jóvenes inscritos en el Programa País, o por quienes respondan a una convocatoria a participar en esta noble misión.
Se sumaría a este equipo directivo, un gran número de jóvenes egresados o cursando el último curso de las carreras de arquitectura, construcción civil, ingeniería, psicología, y periodismo de las universidades del Norte, a quienes se invitaría a hacer efectiva su práctica profesional en las zonas damnificadas, al menos, entre enero y marzo del próximo año.
Este equipo de profesionales debe asumir la responsabilidad de definir las líneas generales que ordenarán el desarrollo urbano de las áreas siniestradas: asegurar el óptimo uso del suelo; aprovechar de definir la posible apertura de nuevas calles o pasajes; ratificar la localización de los equipamientos comerciales, de salud, educación y esparcimiento, o modificarla si es más conveniente.
Además, con el apoyo de los jóvenes estudiantes, la Serviutoc debe encargarse de la ejecución y fiscalización de los proyectos individuales o colectivos de vivienda, en conformidad con el deseo de los damnificados, ya sea de permanecer en su sitio, o de mudarse a otra ubicación.
Esta agencia también tendrá a su cargo la contratación de las obras, facilitando la concurrencia de pequeños contratistas o de maestros calificados, para lo cual es necesario eliminar los requerimientos que hacen imposible la adjudicación de obras a este tipo de pequeños contratista, como por ejemplo, la exigencia de boletas de garantía.
Se trata de crear conciencia colectiva de los valores solidarios que inspiran a la reconstrucción, y no una nueva oportunidad de lucro en beneficio de los grandes empresarios.
La información juega un rol decisivo en esta tarea. Es necesario publicar y difundir boletines semanales dando cuenta de los avances y de las dificultades. Destacando los casos meritorios y llamando la atención a los rezagados. Convocando a la sana emulación entre los barrios. Otorgando premios a las soluciones más interesantes. Deben filmarse las obras a fin de socializar por los medios locales los aciertos y los errores. No esconder nada, ya que la desinformación propicia el surgimiento de los rumores malintencionados.
Igualmente decisiva es la participación de los ciudadanos. La organización vecinal debe formar parte de la Junta Directiva de Serviutoc, a fin de hacer escuchar su voz en todas sus decisiones.
Salvo casos excepcionales, los damnificados deben cancelar una suma modesta por la ejecución de los proyectos. Es un mínimo reconocimiento a su dignidad, y también a su derecho de exigir por el cumplimiento del servicio que están contratando. También deben participar en la fiscalización de las obras, dejando constancia en el libro de obras de las observaciones que les parezcan pertinentes.
Estoy seguro que este camino es posible. A pesar de la atmósfera competitiva y mercantil que predomina en nuestra sociedad, es posible articular un esfuerzo colectivo configurando una auténtica cruzada solidaria, con el sector público a la cabeza. Convoquemos a los sindicatos, a organizaciones estudiantiles y femeninas, a las iglesias, a las ONG, a los partidos políticos, a organismos internacionales, a los chilenos en el exilio, en fin, confiemos en los valores y sentimientos ciudadanos. Recuperemos la mística que nos permitió ayer alcanzar cimas inaccesibles, derrotando el escepticismo o la burocracia. Son muchos los chilenos que han dado reiteradas muestras de conservar ideales solidarios. Solo es necesario saber gatillar tales anhelos, y el terremoto es una oportunidad inmejorable en este sentido.
Creo que esta vía permitirá recuperar la fe en el sector público, tan injustamente desprestigiado por el Transantiago, dado que ésta es una iniciativa bajo el control de banqueros y empresarios privados, los así llamados operadores.
Los tocopillanos son de una estirpe análoga a los porteños o los chilotes. Para ellos, no hay en la tierra ciudad más hermosa. Este asentamiento árido y duro, que floreció con el auge salitrero a fines del siglo XIX, genera una increíble identidad con sus habitantes. Compartí el exilio con un buen lote de tocopillanos, y pude constatar el drama que representaba para ellos el desarraigo, la nostalgia con que evocaban sus calles, la plaza Condell, los mariscos, los abruptos cerros cayendo a pico sobre el mar, o las puestas de sol.
Son orgullosos de su tierra estos compatriotas, y sabrán comprometerse con el renacimiento de Tocopilla, si les abrimos un camino para su participación. Tengo la certeza, estimada Michelle, que navegaremos exitosamente por las aguas de la reconstrucción, con el sector público empuñando el timón, y con la compañía solidaria de todos nosotros.

La saluda con afecto,

Miguel Lawner, arquitecto, ex presidente de Vicormu y de Cormuval. (1970-1973).

Santiago, 26 de noviembre de 2007
[1] Artículo 2º del Título I de la Ley Orgánica de la Corporación de Mejoramiento Urbano. (CORMU).
[2] Ver Anexo

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