Sería interesante que en el pobre debate presidencial en que nos encontramos actualmente, los candidatos se refieran a un tema que a mi juicio es de la máxima relevancia y al parecer no quiere ser discutido: el acceso a la justicia, el derecho que toda persona tiene a la defensa jurídica, la responsabilidad que el estado tiene de entregar los medios necesarios para otorgar asesoramiento y defensa (CPR art. 19 Nº 3).
Cada cierto tiempo se levanta la discusión sobre la procedencia de la práctica para optar al título de abogado, de la constitucionalidad de la carga impuesta, de su gratuidad e intensidad. Pero al parecer el verdadero problema –y este es el debate que tenemos pendiente- está dado por la calidad de la defensa jurídica que reciben millones de chilenos a través de la Corporación de Asistencia Judicial y la Fundación de Asistencia Legal de la Familia.
A un porcentaje altísimo de chilenos se les entrega un servicio que más que justicia parece caridad -hace muchos años Alberto Hurtado ya nos explico claramente cual es la diferencia-, son recibidos en oficinas o casas por postulantes que muchas veces ni siquiera conocen los procedimientos requeridos para ciertas materias, luego son atendidos en “salas” comunes que no son suficientes para recibir adecuadamente a las personas que lo requieren, que tras esperar citas otorgadas con tres o cuatro meses de anticipación pueden ser atendidas de pie o en lugares no acondicionados para entregar un buen servicio.
Muchas sedes de la corporación y la fundación no cuentan con internet que facilita el trabajo en línea, en otras no hay elementos tan básicos como hojas de relación, carpetas, papel o tinta para la impresora, lo anterior se suma al enorme déficit en cantidad y calidad de computadores. En resumen todo queda limitado a los escasos recursos existentes y lo que es más grave a la buena voluntad de los postulantes.
Son pocos los abogados encargados de los practicantes y por su alta carga de trabajo simplemente no dan abasto. Los postulantes, la mayoría de las veces sin experiencia, pueden llevar desde 80 hasta 300 causas cada uno, lo que imposibilita poder realizar una tramitación responsable y efectiva. Los temas que se tramitan son de vital importancia para las familias, tratan materias como el embargo de una casa, el cuidado personal de un menor, violencia psicológica, etc.
El deber constitucional que se le entrega al Estado no es colaboración o asesoría jurídica, es garantizar que cada chileno tenga la certeza de una efectiva defensa jurídica y eso hoy, claramente, no se está cumpliendo.
Es hora de comenzar a debatir sobre los temas realmente relevantes, cuáles son las propuestas concretas de los candidatos en materia de acceso a la justicia, cuál es su diagnostico sobre la defensa jurídica en Chile hoy, basta de discusiones irrelevantes, vamos a los problemas reales.
Cada cierto tiempo se levanta la discusión sobre la procedencia de la práctica para optar al título de abogado, de la constitucionalidad de la carga impuesta, de su gratuidad e intensidad. Pero al parecer el verdadero problema –y este es el debate que tenemos pendiente- está dado por la calidad de la defensa jurídica que reciben millones de chilenos a través de la Corporación de Asistencia Judicial y la Fundación de Asistencia Legal de la Familia.
A un porcentaje altísimo de chilenos se les entrega un servicio que más que justicia parece caridad -hace muchos años Alberto Hurtado ya nos explico claramente cual es la diferencia-, son recibidos en oficinas o casas por postulantes que muchas veces ni siquiera conocen los procedimientos requeridos para ciertas materias, luego son atendidos en “salas” comunes que no son suficientes para recibir adecuadamente a las personas que lo requieren, que tras esperar citas otorgadas con tres o cuatro meses de anticipación pueden ser atendidas de pie o en lugares no acondicionados para entregar un buen servicio.
Muchas sedes de la corporación y la fundación no cuentan con internet que facilita el trabajo en línea, en otras no hay elementos tan básicos como hojas de relación, carpetas, papel o tinta para la impresora, lo anterior se suma al enorme déficit en cantidad y calidad de computadores. En resumen todo queda limitado a los escasos recursos existentes y lo que es más grave a la buena voluntad de los postulantes.
Son pocos los abogados encargados de los practicantes y por su alta carga de trabajo simplemente no dan abasto. Los postulantes, la mayoría de las veces sin experiencia, pueden llevar desde 80 hasta 300 causas cada uno, lo que imposibilita poder realizar una tramitación responsable y efectiva. Los temas que se tramitan son de vital importancia para las familias, tratan materias como el embargo de una casa, el cuidado personal de un menor, violencia psicológica, etc.
El deber constitucional que se le entrega al Estado no es colaboración o asesoría jurídica, es garantizar que cada chileno tenga la certeza de una efectiva defensa jurídica y eso hoy, claramente, no se está cumpliendo.
Es hora de comenzar a debatir sobre los temas realmente relevantes, cuáles son las propuestas concretas de los candidatos en materia de acceso a la justicia, cuál es su diagnostico sobre la defensa jurídica en Chile hoy, basta de discusiones irrelevantes, vamos a los problemas reales.
Ricardo Montero A.
Región Metropolitana, Chile
Región Metropolitana, Chile
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