Cuando deje de ser noticia, ¿Donde van a vivir?

El martes de la semana pasada fue un día terrible para la historia de nuestro continente. Haití, el país más excluido y empobrecido del vecindario, fue sacudido por un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter con efectos estimados que superan los 100.000 muertos y más del 30% de su población damnificada. Según la ONU, la catástrofe más fuerte y compleja que le ha tocado enfrentar.

El desastre en Haití es de magnitudes inimaginables: las condiciones en las que ya vivían miles de las familias que hemos visto en las imágenes que inundan los noticiarios son inhumanas. Lo eran desde antes. Hoy día el dolor, el miedo y la desesperanza que se han isntalado en las calles de Puerto Príncipe superan cualquier idea que uno pueda hacerse a la distancia.

Un Techo para mi País tenía entre sus objetivos para este año las primeras avanzadas formales a Haití con la idea de empezar, hacia el final del año, su implementación. El terremoto adelantó nuestros planes, pero lo hacemos convencidos de que tenemos la posibilidad -y por lo tanto la responsabilidad- de generar acciones inmediatas que signifiquen una ayuda frente a este desastre. Las generaciones de jóvenes de los 15 países donde tenemos presencia hemos definido el espíritu de nuestra institución, que se caracteriza por la fuerza, la energía, la voluntad y la disposición para reconocer la dignidad de miles de familias que viven permanentemente en una emergencia que no es aceptable prolongar. Esperamos que la lamentable situación a la que hoy nos enfrentamos sea un remezón para que todo el mundo trabaje por una solución definitiva para Haití, que no se conforme con volver a las condiciones que conocíamos antes del terremoto.

Los dos últimos años nuestra organización intervino en 4 episodios de desastres naturales, en 4 países distintos. En cada uno de ellos aprendimos que luego de que la catástrofe deja de ser noticia, es muy difícil pasar de una cooperación de primera necesidad a una verdadera reconstrucción de la zona afectada. Es por eso que hemos diseñado un plan de acción que considera una intervención de emergencia, lista para ponerse en marcha apenas se supere la crisis sanitaria y de seguridad, y una intervención permanente que considera la apertura de una oficina de nuestra institución en territorio haitiano. Nuestra misión es apoyar a Haití mediante la construcción de ciudadelas de viviendas de emergencia que consideren instalaciones sanitarias y de acceso a agua, entregando una solución concreta a las familias damnificadas y que represente una nueva motivación para seguir adelante. Estas ciudadelas se convertirán en el primer paso hacia una comunidad sustentable, con el involucramiento profundo de los jóvenes haitianos en la reconstrucción de su propio país.

El 2010 será un año histórico para Chile. El bicentenario saca a relucir lo mejor de nuestra historia y nuestra gente. En forma unánime nos hemos convencido de que podemos lograr la erradicación de nuestros campamentos y terminar así con la expresión más visible de la exclusión que nos ha dañado por tanto tiempo. Pero ese tremendo hito no se justifica ni se comprende si no somos capaces de compadecer (padecer con) ni de involucrarnos con el lugar de nuestro continente donde la naturaleza ha hecho más profundas las heridas de la pobreza.

Por medio de estas líneas reitero el llamado a apoyarnos en la reconstrucción de Haití a través de nuestra web, www.untechoparamipais.org, y hacerse parte de este esfuerzo que enaltece nuestros 200 años de historia.

Claudio Castro

El espejismo del voto voluntario

Hablar de voto obligatorio hasta ahora suena a retroceso antidemocrático. Eso han enarbolado los profesionales de la política. Sin embargo, hay evidencia que demuestra que el sufragio voluntario aumenta la desigualdad del ingreso. Por ende, los más perjudicados serían los sectores más pobres del país.

"Inscripción automática y voto voluntario". Dos conceptos que han pasado a ser uno solo en la mente de miles de personas y en la decisión política de decenas de parlamentarios, dispuestos a aplicarlo como un mantra. Porque la idea de voluntariedad asociada a un derecho democrático, como votar, trae poderosas imágenes de libertad. Y es cierto: votar es un derecho que en muchos países conquistarlo significó miles de muertos, postergaciones a minorías por siglos, humillaciones aberrantes.

Pero en la medida que se toma distancia del tiempo de la conquista del derecho a voto, la épica asociada a ese momento, la conciencia de que también se conquistó un deber cívico, comienza a diluirse, hasta que el derecho a voto, en la rutina democrática, se aloja en la exaltación de la individualidad posmoderna, de una decisión más entre tantas otras, dónde comprar o no comprar, ir a la fiesta o no ir, llamar por teléfono al amigo enfermo o no llamar, ponerse abrigo o no ponérselo, votar o no votar, todo parece que se mezclara como parte de una misma lógica de decisiones soberanas del individuo.

Votar en democracia es un acto de transferencia de confianza, una de las decisiones más importantes del ciudadano. El votante deposita lo más valioso de su ser en sociedad, su confianza en otra persona, para que lo represente y promueva su bienestar. En muchos países se considera que votar no sólo es un derecho que todos pueden ejercer, sino también un deber, que todos deberían ejercer. Por eso se establece allí que el voto es obligatorio. Asumiéndose que esta obligatoriedad realza la sensación de deber que se perdió el día en que la memoria evaporó esa épica de cuando aspirar a votar era un sueño prohibido.

Lo obligatorio como progreso

Desde que en 2004 se presentó el primer proyecto de ley para tener en Chile inscripción automática y voto voluntario, nunca se discutió ni comparó en serio esta opción con la posibilidad de que el voto fuera obligatorio. La mera referencia a un acto obligatorio emanado de un derecho parecía contradictoria. Sonaba a retroceso antidemocrático. Y el voto obligatorio no fue tema.

En esta elección, como nunca antes, porque Marco Enríquez-Ominami lo instaló desde su crítica a las exclusiones del sistema, porque la Concertación quería atrapar a la oposición en su rechazo y porque Sebastián Piñera lo asumió como parte de sus ideas rupturistas con su sector, la inscripción automática y el voto voluntario resucitaron. Y cada vez que se planteó ver las ventajas de que el voto fuera obligatorio, transversalmente los profesionales de la política rescataron la idea de retroceso asociada a la obligación de votar.

Desde un punto de vista lógico resulta incomprensible que cumplir el deber de votar se perciba como una imposición intolerable, distinta a otras obligaciones que no se discuten. Cuando el Estado promulga leyes que protegen al chileno de sí mismo -como la obligación de usar cinturón de seguridad- ¿por qué no se levanta un movimiento promoviendo la libertad de cada cual de correr el riesgo que desee?

Desde un punto de vista lógico resulta incomprensible que cumplir el deber de votar se perciba como una imposición intolerable, distinta a tantas otras obligaciones que no se discuten. No hay rebelión contra la obligación de que los niños en edad escolar vayan al colegio. ¿Y si los padres quieren educarlos ellos en su casa? Cuando el Estado promulga leyes que buscan proteger al chileno de sí mismo -como en el caso de la obligación de usar cinturón de seguridad; o casco si anda en moto- ¿por qué no se levanta un movimiento promoviendo la libertad de cada cual de correr el riesgo personal que desee?

Ni hablar de los impuestos, las contribuciones por lo que ya es propio, la obligatoriedad de contar con seguro de salud o acumular dinero en una AFP para cuando se deje de trabajar. ¿No debieran ser materias dejadas a la libertad del individuo?

Todas las medidas anteriores y muchas más se justifican en el beneficio común que significan, en la protección de la vida y en la idea de darles a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes de crecer y compensar los desequilibrios de su estado socioeconómico.

Postulamos que en el caso del voto obligatorio, la evidencia empírica obtenida de comparar sistemas voluntarios y mandatorios en muchos países, resalta la idea de que éste es más efectivo que el voluntario para generar condiciones de redistribución de ingreso en países con mucha desigualdad económica, tal como es el caso de Chile.

Más aún: postulamos que en esas condiciones de desigualdad, el voto voluntario a la larga altera los incentivos de la política hacia la postergación de políticas públicas redistributivas; éstas benefician a sectores pobres que -voluntariamente- no participan en las elecciones como votantes en una mayor proporción que quienes no votan y son de sectores más pudientes.

La evidencia es clara y está disponible. A continuación, una reseña de sus principales hallazgos.

Menores ingresos y participación electoral

En los países donde se ha implementado el voto voluntario, ello ha implicado, en promedio, una menor participación electoral por parte de los ciudadanos con menos recursos. Paradójicamente, quienes más podrían beneficiarse del sistema político -los más desposeídos-, tienden a votar menos.

Los investigadores chilenos Alejandro Corvalán y Paulo Cox (1) concluyen que la proporción de jóvenes chilenos del quintil más pobre, entre 18 y 19 años, que se inscribe en los registros electorales, es la mitad de la que lo hace en el quintil más rico. A modo de ejemplo, plantean en una columna reciente (2) que, si bien en La Pintana hay 8.000 jóvenes entre 18 y 19 años, sólo 300 se registraron para votar en estas elecciones. En contraste, en Las Condes, donde también hay 8.000 jóvenes de la misma edad, 4.000 se registraron para votar (en este ejemplo, la diferencia en la proporción es más de 13 veces).

La tendencia en la así descrita participación electoral en Chile confirma una amplia literatura existente acerca del sesgo social en la probabilidad de acudir a las urnas (3). Sin embargo, existe un acuerdo amplio entre los investigadores que la forma más efectiva de disminuir ese sesgo social es instaurando el voto obligatorio (4).

Voto Voluntario y menor inversión en políticas sociales

Como consecuencia de lo anterior, los gobiernos de países que introducen el voto voluntario terminarían invirtiendo menos en políticas sociales con respecto a países con voto obligatorio.

El investigador chileno Juan José Matta (5), en un riguroso estudio (6) a partir de evidencia para 70 países, concluye que los países que tienen voto voluntario destinan 16% menos del gasto total del gobierno a gasto social con respecto a países que tienen voto obligatorio. (7)

Postulamos que en condiciones de desigualdad económica, el voto voluntario a la larga altera los incentivos de la política hacia la postergación de políticas públicas redistributivas; éstas benefician a sectores pobres que -voluntariamente- no participan en las elecciones como votantes en una mayor proporción que quienes no votan y son de sectores más pudientes. La evidencia es clara y está disponible.

En la práctica, el voto voluntario podría implicar no sólo una menor inversión en políticas sociales sino, peor aún, una distribución del ingreso más desigual. Los investigadores Chong y Olivera (2008), en otro estudio y a partir de evidencia para 91 países, concluyen que cuando éstos implementan un sistema donde el voto es un deber cívico y donde el incumplimiento de dicho deber va asociado a costos reales -multa, no acceso a servicios gubernamentales-, la distribución del ingreso (medida mediante el coeficiente de Gini) mejora.

A modo de ejemplo: si extrapolamos el aumento en la desigualdad calculado por Chong y Olivera a raíz de la implementación del voto voluntario, Chile podría empeorar su ya desigual actual coeficiente de Gini (54.9), acercándose al de Bolivia (60.1). De esta forma, nuestro país pasaría a estar dentro del 5% de naciones más desiguales del planeta. Hoy está dentro del 12% (8).

La razón por la cual planteamos la conveniencia del voto como un deber cívico no es debido a que pensemos que es positivo per se aumentar la participación electoral, sino porque cuando un país concibe e implementa el voto como un deber, mejora la representación política de la sociedad en su conjunto y, en especial, de los más desposeídos. Paralelamente, la implementación del voto como un deber cívico podría mejorar la distribución del ingreso, aportando a la formación de una sociedad más justa.

A la luz de toda esta evidencia, creemos que es imperativo evaluar seriamente la opción de inscripción automática y voto obligatorio como deber cívico progresista -en contraste con la característica regresiva del voto voluntario- y desapegarlo de las actuales coyunturas ansiosas y oportunistas derivadas de la contingencia presidencial.

Fernando Paulsen y Kenzo Asahi

Publicado en Revista Qué Pasa, del 16 de enero del 2010

La transformación de las ciudades

Sin duda, la primera década del siglo XXI será recordada como el inicio de la "era urbana", ya que, a mediados de 2007, en algún lugar del mundo, nació el ciudadano que inclinó la balanza en favor de la población urbana por sobre la rural. En este sentido, Chile se encuentra a la vanguardia de nuestro continente, con cerca de un 90% de sus habitantes viviendo en ciudades.

Lo más llamativo de esta década en cuanto a nuestras ciudades, es que ellas han sido fiel reflejo de los cambios sociales, económicos y culturales que ha vivido nuestro país. Una ciudad que entra en la adolescencia y que, como tal, sufre fuertes dolores de crecimiento, algunas de sus extremidades crecen en forma desproporcionada, con movimientos torpes, aparente falta de planificación, y cuyo rostro se llena de grúas pluma como si fuesen molestos granos. Por otro lado, al igual que un adolescente, sufre profundas crisis de identidad, se rebela ante la inequidad y segregación, pero se contradice en sus expectativas respecto del futuro, aunque, poco a poco, va tomando conciencia de sus valores, su potencial y augura una pronta y promisoria adultez.

¿Por qué esta analogía? Porque la ciudad ha cobrado cada vez más fuerza e importancia en las aspiraciones de los chilenos. Ya hemos dejado atrás el sentido de urgencia y escasez que caracterizaba a nuestras políticas públicas, y en la medida en que como país hemos cubierto las necesidades básicas de casi todos los habitantes urbanos, tales como el acceso a la vivienda, la salud y educación, comienzan a surgir necesidades de segundo orden que apuntan a mejor calidad de dichos aspectos, seguridad y ciudades más verdes, amables e integradas. Cosa de ver las cartas al director de este diario para evidenciar que los temas de ciudad son los más recurrentes.

¿Qué fue lo que se construyó o lo que ocurrió en esta década que nos deja al borde de la adultez? Lo primero fue el perfeccionamiento y mejora cualitativa de las políticas habitacionales, que permitió corregir los nefastos efectos de los conjuntos construidos en los 90 e integrar calidad con cantidad de viviendas. Si bien falta mucho todavía para reducir significativamente el déficit habitacional, esta década vio nacer no sólo una nueva política habitacional, sino, además, el surgimiento de importantes organizaciones civiles como Un techo para Chile, Elemental y la Asociación de Dirigentes de Campamentos "También somos Chilenos", quienes han innovado, visibilizado y articulado la plataforma sobre la cual Chile se convertirá en el primer país en el continente en terminar con los campamentos urbanos.

En términos de infraestructura, esta década también se vio marcada por el florecimiento de las grandes concesiones de infraestructura urbana. Así es como la movilidad en Santiago se vio incrementada en forma radical con la puesta en marcha de las autopistas urbanas y la implementación del sistema de pago remoto (Tag), experiencia única en el mundo. A las autopistas urbanas se suman los colectores de aguas lluvias, plantas de tratamiento de aguas servidas, aeropuertos, cárceles, estacionamientos y tantas otras alianzas público-privadas que son el andamiaje para asegurar la competitividad y calidad de vida de las próximas décadas.

No se puede revisar el decenio sin hablar del transporte urbano, por un lado el crecimiento del parque automotriz ya está planteando serios problemas de congestión en nuestros centros de negocios, y si bien Metro ha ampliado su red convirtiéndola en la más extensa de Sudamérica, el punto más crítico lo vivimos con la fallida y costosa puesta en marcha del Transantiago. El sacrificio y las lecciones ya están internalizados, y lo más rescatable a estas alturas es reconocer la lenta pero efectiva mejoría de la calidad del servicio, y lo más importante a futuro, que se logró integrar el sistema de transporte.

Otro punto negativo de esta década tiene que ver con el aumento de la sensación de inseguridad. Pese a ser Santiago una de las ciudades más seguras del continente, la proliferación de barrios cerrados, cercos eléctricos, la estigmatización de guetos y enclaves, así como la segregación son desafíos que se han tratado de resolver por la base de intervención y recuperación de barrios, pero su solución es de largo plazo y debemos perseverar.

Otro fenómeno que se expresó estos años es la consolidación del mall y nuevos formatos de comercio de barrio como el strip-center, quienes han liderado los procesos de "colonización" y apertura de nuevos subcentros que han suplido necesidades de equipamiento, cultura y entretención para nuestras periferias que van más allá de la mera función comercial. En los años que vienen veremos cómo estas moles se abren e integran mejor a sus barrios vecinos, abriendo la caja con nuevas posibilidades.

Por último, esta década se recordará también como la que dio inicio a los movimientos ciudadanos, desde "No a la Costanera Norte" hasta organizaciones en Lo Espejo, Vitacura, Peñalolén, Quilicura y tantas otras comunas que se organizaron para reclamar sus derechos ante eventuales proyectos o conflictos urbanos.

Este es el principal síntoma de madurez urbana, que se apoya, además, en un reencantamiento de los ciudadanos con el espacio público y la cultura urbana, que vivió su momento más feliz con la visita de la "Pequeña gigante", recitales en plazas y parques, la extensión de la red de ciclovías y el surgimiento de iniciativas y demandas por mejores espacios públicos, parques, barrios más integrados, desarrollos más sustentables y ciudades más amables.

El principal desafío que enfrentarán nuestras ciudades en la próxima década será pasar de la cantidad y cobertura a la calidad. Si la década que dejamos es la de la cultura de las infraestructuras, la próxima debería ser la de la cultura cívica, en la que los ciudadanos valoremos y cultivemos una ciudad más humana, más integrada y con mejor calidad de vida.

Pablo Allard

Publicado Diario la Tercera, el 28 de diciembre del 2009